Sentencia absolutoria delito de coacciones y por delito contra la seguridad vial

MFIEL Abogados vuelve a hacer prevalecer el derecho constitucional a la presunción de inocencia presente en el artículo 24.2 de la Constitución Española, en base al cual hemos logrado una Sentencia ABSOLUTORIA, por la que se exime a nuestro cliente, que ya había sido condenado por otro delito contra la seguridad vial, de toda responsabilidad de los dos delitos por los que se le acusaba:

.- Delito Contra la Seguridad Vial artículo 384.2 del Código Penal por el que se solicitaba una pena de multa de 18 meses a razón de una cuota diaria de 10 euros, con aplicación subsidiaria de lo establecido en el artículo 53 del Código Penal en caso de impago.

.- Delito de Coacciones, por el que se solicitaba la pena de 1 año de prisión, y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo que dure la condena privativa de libertad, conforme al artículo 56.2 del Código Penal.

Con la imposición de las costas procesales.

  • La presunción de inocencia se desenvuelve en el marco de la carga de la prueba y supone que no es el acusado a quien corresponde demostrar que es inocente frente a la acusación que contra él se formula, sino que es a quien la mantiene a quien corresponde acreditar su culpabilidad mediante las correspondientes pruebas de cargo.

     La presunción de inocencia es un derecho constitucional imperativo de carácter público, que ampara al acusado cuando no existe actividad probatoria en su contra y aquel es un criterio interpretativo, es decir, si a pesar de toda la actividad probatoria, no le es dable al Tribunal subsumir los hechos acaecidos en el precepto y no queda convencido, el proceso penal debe concluirse con una declaración negativa de culpabilidad, esto es, con una sentencia absolutoria. 

  • Y por su parte, el principio in dubio pro reo, presuponiendo la existencia de la presunción de inocencia, se desenvuelve en el campo de la estricta valoración de las pruebas, es decir, de la apreciación de la eficacia demostrativa por el Tribunal a quien compete su valoración en conciencia para formar su convicción sobre la verdad de los hechos (artículo 741 de la LECrim). Entrando en juego este principio únicamente cuando practicada la prueba, ésta no ha desvirtuado la presunción de inocencia.
 
       Montserrat Fiel Igelmo 
Abogada y Mediadora

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